«No habrá recortes en el gasto social pese a la crisis». El mantra suena una y otra vez en el Congreso de los Diputados, cada vez que el presidente del Gobierno participa en un debate. Es uno de los pilares de la política económica defendida por José Luis Rodríguez Zapatero, el principio básico de su discurso, repetido a coro por ministros, portavoces y diputados socialistas. El problema es que sí se han producido recortes en el gasto social y de servicios públicos, por un valor cercano a los 800 millones de euros, según se recoge en una pormenorizada respuesta parlamentaria. Un «detalle» que echa por tierra uno de los gritos de guerra del PSOE ante el debate sobre el Estado de la Nación, que comienza el martes en el Congreso.
El 10 de febrero, Zapatero sorprendió en el Pleno con una de esas medidas que parecen conejos sacados de la chistera. «Quiero anunciar a la Cámara que el próximo Consejo de Ministros acordará una reducción de los gastos no financieros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, por una cuantía de 1.500 millones de euros (...). Se aplicará a todos los ministerios y a todas las partidas de gasto con las siguientes excepciones: en ningún caso afectará a las retribuciones de los empleados públicos y no afectará a ninguna de las políticas y programas de protección social (...)».
El Grupo Popular requirió el desglose detallado de la reducción de los 1.500 millones del gasto. Los populares habían presentado unos meses antes una enmienda a los Presupuestos Generales donde proponían reducir en 1.500 millones el gasto burocrático y «superfluo» del Gobierno para ganar austeridad. Exigían menos propaganda oficial, gastos de representación y cargos de confianza.
El 10 de febrero, Zapatero sorprendió en el Pleno con una de esas medidas que parecen conejos sacados de la chistera. «Quiero anunciar a la Cámara que el próximo Consejo de Ministros acordará una reducción de los gastos no financieros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, por una cuantía de 1.500 millones de euros (...). Se aplicará a todos los ministerios y a todas las partidas de gasto con las siguientes excepciones: en ningún caso afectará a las retribuciones de los empleados públicos y no afectará a ninguna de las políticas y programas de protección social (...)».
El Grupo Popular requirió el desglose detallado de la reducción de los 1.500 millones del gasto. Los populares habían presentado unos meses antes una enmienda a los Presupuestos Generales donde proponían reducir en 1.500 millones el gasto burocrático y «superfluo» del Gobierno para ganar austeridad. Exigían menos propaganda oficial, gastos de representación y cargos de confianza.
Menos para el Imserso
En la respuesta escrita que ha remitido el Gobierno al Congreso, reconoce recortes sociales, y muy poco superfluos, que incluían 59 millones de euros para el Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes (una medida muy protestada que obligó al Consejo de Ministros a rectificar), más de 12 millones de euros al Imserso, 2,4 millones para el Plan de acción para las personas con discapacidad, y 3,01 millones en medidas de apoyo a la «parentalidad positiva», entre otros.
El «tijeretazo» afecta al gasto social y a otros servicios públicos básicos. El Gobierno de Zapatero ha decidido reducir más de 33,8 millones la inversión nueva en seguridad ciudadana, 40 millones del programa para la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, y casi 15 millones del crédito para becas o para la educación secundaria.
Además de prometer que el recorte de 1.500 millones de euros no afectaría a los programas y partidas sociales, Zapatero aseguró que la medida involucraría a todos los ministerios, porque todos se tenían que apretar el cinturón. Tampoco ahí se ha cumplido la previsión del presidente del Gobierno. Todos los ministerios y organismos dependientes han tenido que meter la tijera en diferentes partidas, menos uno: el Ministerio de Igualdad, que con un presupuesto de 80 millones de euros resiste contra viento y marea el huracán de la crisis y las exigencias de austeridad.
El ajuste presupuestario «ha sido el resultado de una negociación con todos y cada uno de los ministerios centrada en actividades que se pueden aplazar o simplemente no realizar», explica el Gobierno en la respuesta enviada al Parlamento. Asegura que «se ha actuado en aquellos gastos que no se consideran prioritarios», con el objetivo de liberar recursos para afrontar el «mayor gasto derivado de las prestaciones por desempleo».
El «tijeretazo» afecta al gasto social y a otros servicios públicos básicos. El Gobierno de Zapatero ha decidido reducir más de 33,8 millones la inversión nueva en seguridad ciudadana, 40 millones del programa para la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, y casi 15 millones del crédito para becas o para la educación secundaria.
Además de prometer que el recorte de 1.500 millones de euros no afectaría a los programas y partidas sociales, Zapatero aseguró que la medida involucraría a todos los ministerios, porque todos se tenían que apretar el cinturón. Tampoco ahí se ha cumplido la previsión del presidente del Gobierno. Todos los ministerios y organismos dependientes han tenido que meter la tijera en diferentes partidas, menos uno: el Ministerio de Igualdad, que con un presupuesto de 80 millones de euros resiste contra viento y marea el huracán de la crisis y las exigencias de austeridad.
El ajuste presupuestario «ha sido el resultado de una negociación con todos y cada uno de los ministerios centrada en actividades que se pueden aplazar o simplemente no realizar», explica el Gobierno en la respuesta enviada al Parlamento. Asegura que «se ha actuado en aquellos gastos que no se consideran prioritarios», con el objetivo de liberar recursos para afrontar el «mayor gasto derivado de las prestaciones por desempleo».
